Si el Gobierno Federal pretende redactar lineamientos para “proteger el derecho de las audiencias”, convendría comenzar por el espejo. Porque el ciudadano mexicano ya no sólo necesita protección contra los medios que pudieran desinformar; también requiere un modesto salvavidas frente a las verdades oficiales que, con admirable disciplina, envejecen peor que un aguacate al sol.
La mentira institucional debería tener, por lo menos, fecha de caducidad.
Por ello, se propone incorporar conferencia matutina una nuevaseccion: “La disculpa de la semana”. Ahí comparecerían funcionarios y exfuncionarios para explicar promesas que el tiempo convirtió en piezas de museo. La gasolina a diez pesos por litro merecería inaugurar el salón de honor acompañada de una placa conmemorativa para recordar que la esperanza también cotiza según el precio internacional del petróleo.
Otro capítulo imprescindible correspondería a las explicaciones ambientales. Durante meses se sostuvo que la gigantesca contaminación en costas mexicanas no era responsabilidad de Pemex, sino de barcos privados o de misteriosas chapopoteras clandestinas que parecían aparecer únicamente cuando había cámaras.
Si la verdad también tiene derechos, quizá convenga invitarla alguna vez a la conferencia mañanera.
Los lineamientos podrían redactarse con el mismo entusiasmo normativo que inspira las iniciativas oficiales. Primero: toda afirmación gubernamental deberá acompañarse de evidencia verificable y accesible. Segundo: cada promesa tendrá fecha de revisión obligatoria. Tercero: ninguna autoridad podrá decirle a la ciudadanía qué medios debe ver o cuáles conviene dejar de ver; ése también es un auténtico derecho de las audiencias. Cuarto: ninguna conferencia podrá terminar sin responder las preguntas incómodas. Quinto: toda mentira comprobada obligará a una rectificación pública con la misma difusión que tuvo la versión original.
Como complemento indispensable, se instalaría una Comisión Ciudadana de Verificación de la Mañanera, integrada por académicos, periodistas, científicos, organizaciones civiles y ciudadanos elegidos por tómbola. Su misión sería sencilla: determinar qué declaraciones resisten la prueba de los hechos y cuáles pertenecen al género literario de la ficción política.
El Gobierno podrá conservar su programita Derecho de Réplica, siempre que sirva para defender su versión y no para denostar el trabajo de medios de comunicación o creadores de contenido independientes.
También convendría añadir un lineamiento revolucionario: todo documento clasificado como “seguridad nacional” respecto de las grandes obras públicas del sexenio anterior deberá desclasificarse una vez desaparezca cualquier riesgo real para el Estado. Bajo ese mismo principio, toda la información de evidente interés público, incluidos los
asuntos relacionados con Rubén Rocha Moya, la cancelación de su visa estadounidense y los señalamientos públicos que se han formulado en torno a un posible vínculo con la delincuencia organizada, deberá transparentarse hasta donde la ley y el debido proceso gringo lo permitan.
Finalmente, quedará estrictamente prohibido que el Gobierno financie granjas de bots, ejércitos digitales o caricaturistas y propagandistas pagados con recursos públicos para desacreditar a quien piense distinto. La libertad de expresión no necesita porristas en nómina, sino ciudadanos bien informados.
Los presentes Lineamientos permanecerán abiertos a consulta, observaciones y enriquecimiento permanente en el portal y redes sociales de Platino.News, donde, al menos, todavía las audiencias tienen derecho a sacar sus propias conclusiones.
