Guanajuato, Gto., 29 de julio de 2026.- Con la promesa de construir un modelo que abarque desde la prevención hasta la reintegración comunitaria, la Comisión de Salud Pública del Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de la Ley para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones.
La propuesta busca regular tanto los servicios públicos como los privados y mixtos en la entidad. Sin embargo, durante el análisis, autoridades y especialistas encendieron las alarmas: en sus términos actuales, la ley es inviable.
El freno jurídico: Una invasión de facultades federales
Aunque se reconoció la noble intención del proyecto, los asistentes a la mesa coincidieron en que el texto plantea serios dilemas legales:
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Soberanía federal: La regulación en materia de salubridad general, normatividad clínica y control sanitario es una competencia exclusiva de la Federación.
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Riesgo de sobrerregulación: Crear marcos locales paralelos o leyes específicas por padecimiento fragmentaría el Sistema Nacional de Salud, generando lagunas jurídicas e invadiendo atribuciones.
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Sin presupuesto claro: La propuesta exige crear centros de rehabilitación en todas las regiones de Guanajuato, pero no contempla fuentes de financiamiento ni un plan de implementación gradual.
En lugar de duplicar funciones, los expertos sugirieron armonizar la propuesta con la Ley de Salud local y fortalecer instancias que ya operan, como el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones.
El clamor social: “La ley se queda en el papel”
Más allá del debate técnico y presupuestal, la voz de las familias resonó con fuerza a través de colectivos y representantes de centros de rehabilitación.
“Hay una profunda impotencia en las familias. El marco normativo existente se queda en el papel sin frenar la pérdida de vidas ni las conductas de riesgo.”
Representantes de la sociedad civil hicieron un llamado directo a las y los legisladores para actuar con sensibilidad y enfoque de derechos humanos, exigiendo que la discusión no se quede atrapada en un estira y afloja administrativo mientras la crisis de adicciones sigue impactando a las comunidades.
Músculo institucional en la mesa
En el encuentro, encabezado por el diputado Antonio Chaurand Sorzano, participaron actores clave en la toma de decisiones del estado:
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Secretaría de Salud de Guanajuato y Secretaría de Seguridad y Paz.
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Consejería Jurídica del Ejecutivo y Tribunal de Justicia Administrativa.
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Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).
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Centros de rehabilitación de la entidad, asesores parlamentarios y personal técnico del Congreso.
La mesa de trabajo dejó un mensaje claro: la atención a las adicciones en Guanajuato requiere una solución urgente, pero esta debe construirse sobre bases jurídicas sólidas, presupuesto real y, sobre todo, una empatía profunda con las familias afectadas.
