Guanajuato, Gto., 22 de julio de 2026.- La propuesta para frenar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos en Guanajuato no busca crear nuevos delitos, sino obligar a las autoridades a prevenir esta problemática desde las políticas públicas, aclaró el diputado David Martínez Mendizábal.
Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, el legislador defendió la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, señalando que la prioridad debe ser proteger a las infancias antes de que sean captadas por la delincuencia.
“La propuesta no aborda tipos penales ni invade materias del Código Penal; se trata de incorporar en la norma la obligación del Estado y los municipios para diseñar e implementar políticas de prevención, detección y atención al reclutamiento de la niñez”, enfatizó Martínez Mendizábal.
El debate técnico: ¿Competencia estatal o federal?
Durante la revisión de la iniciativa, especialistas y analistas jurídicos advirtieron que el Congreso local no tiene facultades para tipificar el delito de reclutamiento o trata de personas, ya que es una atribución exclusiva del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener un criterio homogéneo en todo el país.
Asimismo, señalaron que la legislación actual ya contempla mecanismos de protección integral ante situaciones de violencia, por lo que sugirieron revalorar los alcances técnicos del texto.
Apertura a revisiones y consenso por la niñez
Frente a las observaciones técnicas, la postura en la comisión se mantuvo abierta al diálogo para destrabar la propuesta:
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Revisión de observaciones: La diputada Ana María Esquivel Arrona coincidió en que la protección de la niñez requiere fortalecer la prevención entre gobierno y sociedad, por lo que se analizarán los comentarios sobre competencias federales para ajustar la norma si es necesario.
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Insumos para el dictamen: La presidenta de la comisión, la diputada Plásida Calzada Velázquez, agradeció las aportaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Consejería Jurídica y el SIPINNA estatal, asegurando que sus opiniones enriquecerán el proceso legislativo.
En la mesa de trabajo también participó el diputado Jesús Hernández Hernández, junto con asesores y equipos técnicos que darán seguimiento a la redacción final del dictamen.
