El pasado martes 7 de julio amanecimos con la noticia de que el PAN estatal iniciaría el proceso de expulsión del Partido a Allan León Aguirre, ex Secretario de Vinculación y Atención de los Leoneses en la actual administración municipal de Alejandra Gutiérrez; no fue una sorpresa, tomando en cuenta el momento que vive el Partido Acción Nacional con las renuncias de la Alcaldesa, su reciente ingreso a las filas de Movimiento Ciudadano, y de varios funcionarios más del Ayuntamiento leonés, quienes dejaron en desbandada esa militancia siguiendo el ejemplo de Ale Gutiérrez y seguramente solidarizándose con ella.
Pero volviendo al caso de Allan León, a quien desde el mes de febrero de este año se le involucró en un escándalo supuestamente por estar ligado a tres empresas proveedoras de insumos del Municipio, a las que se les abrió una investigación por parte de la Contraloría por ventas que realizaron, llegando al punto de que Allan León presentó su renuncia al cargo en el mes de abril y posteriormente lo hizo también su esposa María Fernanda García Hernández, quien se desempeñaba como Consejera del DIF León por los presuntos actos de corrupción que buscan atribuirles.
Sobre esta investigación Periódico AM al igual que otros medios se dio a la tarea de indagar esa red a la que ahora denominan ser empresas “fantasmas” con domicilios en sitios apartados de la ciudad, y cuyos socios aparentemente eran personas que desconocían que formaban parte de dichas sociedades mercantiles.
Lo que sÍ ha sido sorprendente fue la manera en que todo este escándalo de aparente corrupción salió a la luz, en el momento más álgido de la relación de la alcaldesa Ale Gutiérrez con el PAN, quizá para desgastar su imagen y desacreditar su labor al frente de nuestro municipio, buscando hasta por debajo de las piedras cualquier error o anomalía que pudieran haber cometido no solo ella, sino también sus más cercanos colaboradores y casualmente detectaron estas operaciones de las que incluso se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía anti corrupción del Estado por el Síndico Román Cifuentes y el Congreso del Estado acordó se realizaran auditorías a la administración actual; pero no así a la administración estatal a cargo de Diego S. Rodríguez Vallejo, exgobernador, por las diversas anomalías que se han difundido en diversos rubros. A Alejandra Gutiérrez sí se le persigue y a Diego Sinhue no se le toca.
Sin embargo, analizando el cúmulo de información que se ha dado a conocer en los medios de comunicación, nos atreveríamos a aseverar que la denuncia presentada contra Allan León y su esposa difícilmente tendrá como resultado la judicialización de la carpeta de investigación iniciada, puesto que no se configura algún delito de los que se pretende hacerlos responsables, porque no se ha informado la acreditación de un desvío o mal uso de recursos públicos, ya que los procesos de compra, la licitación y la asignación a la empresa ganadora se encuentra todo apegado al marco normativo y legal del municipio, las susodichas empresas se encuentran constituidas conforme a la ley de Sociedades Mercantiles, no adolecen de ningún tipo de ilegalidad o ilicitud, no exhibieron documentos falsos, no simularon operaciones y lo más importante de todo: el material que fue adquirido en esas compraventas fue entregado completamente a satisfacción de la propia administración municipal, en las cantidades que se licitaron y en las facturas que amparan los productos adquiridos, sin que hubiera un daño o perjuicio patrimonial.
Si acaso insistieran en encuadrar la conducta de Allan y su esposa en algún otro delito, solo les quedaría como posible el de Tráfico de Influencias contenido en el artículo 252 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en diversas hipótesis normativas, aunque tendrían que acreditar fehacientemente con pruebas palpables, la intervención de estos ex funcionarios en las licitaciones públicas que fueron ganadas por las empresas mencionadas y comprobar como promovieron, gestionaron o recomendaron inclinarse por esas empresas proveedoras al comité de adquisiciones; y estas circunstancias son muy difíciles de demostrar y su defensa sería pan comido hasta para el más inexperto abogado penalista.
Por ello es que no considero que este tipo de conductas configuren delitos por hechos de corrupción sancionados penalmente, en todo caso, la conducta que queda al tener relación o ser parte de las empresas vendedoras, es en el juicio de la conciencia como actos fuera de ética o inmorales y quizás en ese sentido, si se merezcan como castigo, la renuncia a sus cargos y la expulsión de su Partido. Una tormenta en un vaso de agua. Mucho ruido y pocas nueces. Pero es obvio que ese no era el objetivo sino la vendetta contra Alejandra, su hostigamiento, su desprestigio, su inestabilidad y molestarla permanentemente, hasta que deje el cargo.
La obligación del periódico AM como siempre ha sido informar puntualmente todos los hechos, y sus colaboradores de opinión, expresar sus puntos de vista libremente.
