León, Gto., 9 de julio de 2026.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que la propuesta para otorgar mayores facultades a los estados en la investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada es viable y sostuvo que el principal reto para concretarla no es jurídico, sino de voluntad política.
La mandataria respondió así a las declaraciones del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) Juan Francisco Vera Ayala, quien señaló que la iniciativa presentada por Guanajuato no sería viable debido a que implicaría modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Claro que se puede y esa es nuestra aspiración. Lo que hacemos en el trabajo disruptivo en materia de seguridad en Guanajuato es cambiar justamente eso, los paradigmas de quienes creen que no es posible trabajar desde los estados en materia de delincuencia organizada; hoy lo estamos haciendo, pero creemos que se puede hacer de mejor manera si tuviéramos las atribuciones”, afirmó.
La propuesta impulsada por el Gobierno de Guanajuato plantea que las entidades federativas puedan tener una mayor participación en la investigación de delitos de delincuencia organizada, facultad que actualmente corresponde a la Federación.
En ese sentido, García Muñoz Ledo sostuvo que el estado cuenta con la capacidad institucional para asumir esa responsabilidad, aunque reconoció que esa condición podría no repetirse en todas las entidades del país.
“Mucho tiene que ver con la voluntad para hacerle frente a la delincuencia. En el caso de Guanajuato lo que hemos hecho es capacitar al personal desde las áreas de inteligencia, áreas operativas, nuestra vinculación con Sedena, Ejército, Guardia Nacional y las fiscalías; creemos que es un tema que se puede y más allá de inversión implica realmente voluntad política y capacitación”, señaló.
La gobernadora añadió que ya ha iniciado conversaciones con legisladores federales para impulsar los cambios legales necesarios que permitan avanzar en la propuesta.
El planteamiento del Gobierno de Guanajuato surge en un contexto en el que la entidad ha insistido en fortalecer las herramientas legales y operativas de los estados para combatir los delitos de alto impacto, bajo el argumento de que las autoridades locales cuentan con información e inteligencia que podría aprovecharse de manera más eficiente si tuvieran mayores atribuciones en las investigaciones.
