Guanajuato, Gto., 25 de junio de 2026.- En un firme paso por hacer valer el Estado de Derecho y garantizar que el dinero de los ciudadanos se maneje con total claridad, el Congreso del Estado aprobó una auditoría específica, integral y en tiempo real (concomitante) al municipio de León. La determinación legislativa se da en medio de una abierta polémica, luego de que la alcaldesa de León manifestara su rechazo a la revisión institucional, escudándose tras la narrativa de ser víctima de una supuesta “violencia política”.
Lejos de ceder a las presiones mediáticas y a los señalamientos de la presidenta municipal, las bancadas del PAN y el PRD cerraron filas en la tribuna para dejar en claro que la rendición de cuentas no es opcional ni admite chantajes políticos. Los legisladores sostuvieron que el Congreso cumple con su mandato constitucional de proteger los recursos de los guanajuatenses, colocándose del lado de la transparencia y la legalidad.
“La fiscalización no puede interpretarse como una agresión política, sino como una facultad constitucional de este Congreso para garantizar el correcto uso de los recursos públicos”, sentenció de forma contundente el diputado Jorge Espadas Galván, desarmando el argumento de persecución esgrimido desde el gobierno leonés.
El dinero público no tiene dueño: Congreso responde
El diputado Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, fue claro al señalar que el dinero público pertenece exclusivamente a los ciudadanos y que su revisión no representa una condena anticipada, sino una obligación institucional. Zanella precisó que la comisión evaluó de forma técnica y jurídica más de 17 solicitudes de fiscalización a diversos organismos y municipios, demostrando que la ley se aplica de manera pareja y sin distingos partidistas.
En el mismo sentido, el legislador Erandi Bermúdez Méndez enfatizó que el bloque a favor de la transparencia busca sentar un precedente histórico en el estado: ninguna autoridad, por más alto que sea su cargo, puede estar exenta del escrutinio público ni utilizar su posición para evadir las auditorías.
Pese a las acusaciones de violencia institucional y política con las que la alcaldesa ha intentado frenar el proceso, el dictamen fue aprobado por la mayoría legislativa. Con esta resolución, el Congreso del Estado reafirma su papel como el principal garante de la rendición de cuentas en Guanajuato, dejando en claro que la transparencia no se negocia y que las finanzas de León serán revisadas a fondo.
