Ciudad de México., 8 de junio de 2026.- Cumplir la principal exigencia de la CNTE en materia de pensiones le costaría a los mexicanos la astronómica cifra de 7 billones de pesos, el equivalente a 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
Así de tajante fue el director general del ISSSTE, Martí Batres, al calificar como financieramente “inviable” la abrogación inmediata de la Ley del ISSSTE de 2007, sepultando de golpe la narrativa de la Coordinadora en las calles.
Batres advirtió que el Estado no cuenta con esos recursos para constituir un nuevo fondo solidario. Además, explicó que el Gobierno federal no puede desaparecer el sistema de cuentas individuales de la noche a la mañana, ya que esos fondos pertenecen legítimamente a millones de trabajadores. Como alternativa, defendió la estrategia de fortalecer PensionISSSTE y crear una aseguradora pública para avanzar gradualmente sin poner en riesgo la estabilidad financiera del país.
Aunque el funcionario reconoció que la reforma de Felipe Calderón en 2007 privatizó la administración de los recursos, aseguró que los gobiernos de Morena ya han compensado el daño mediante la reducción de comisiones de las Afores y la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El millonario costo de contener la protesta
Mientras el Centro Histórico de la CDMX sigue colapsado por plantones y bajo la explícita amenaza de la CNTE de sabotear las actividades del Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) optó por transparentar las millonarias concesiones otorgadas al magisterio.
El titular de la SEP, Mario Delgado, reveló que tan solo para los maestros de Oaxaca —bastión del movimiento— se han destinado más de 23 mil 675 millones de pesos en la era de la Cuarta Transformación. Esta bolsa incluye becas, equipo, infraestructura y aumentos salariales. De hecho, puntualizó que el salario docente promedio proyectado para esta administración subirá a 20 mil 351 pesos mensuales (frente a los 11 mil 952 del cierre de 2018), impulsado por incrementos del 10% en 2025 y 9% en 2026, además de una cifra récord de 1.2 millones de basificaciones.
Delgado justificó estos beneficios argumentando que “la vía del diálogo da resultados” y recordó que el Gobierno ya ha cumplido demandas históricas, como la desaparición de la reforma educativa de 2013 y las evaluaciones punitivas. Asimismo, reiteró el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de eliminar la USICAMM.
Sin embargo, las cifras oficiales dejan en claro el tamaño del pulso: la pura nómina salarial oaxaqueña de este año exigió 2,987 millones de pesos adicionales, en un escenario donde las marchas no ceden y la presión presupuestal ralla en lo imposible.
