Guanajuato, Gto., 27 de mayo de 2026– Convocada por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que se analizaron cuatro iniciativas.
En primer lugar, se revisó la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para la adopción de un esquema “ad quantum”, que establece modificaciones en la cuota fija por cada grado G.L. de alcohol por litro, eliminando las tasas proporcionales al valor del producto.
De manera general, los participantes comentaron que la iniciativa propone transitar del esquema ad valorem al esquema ad quantum en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a bebidas alcohólicas, lo cual evidencia una intención loable en términos de sostenibilidad fiscal, al proponer reducir la volatilidad de las participaciones provenientes del IEPS, propiciando la previsibilidad de ingresos.
Se precisó que actualmente se encuentran en proceso de análisis en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, iniciativas que proponen el cambio del esquema del IEPS de Ad Valorem a Ad Quantum, con el propósito de modernizar el esquema fiscal buscando proteger la producción artesanal frente a la industrial y establecer un cobro basado estrictamente en el contenido de alcohol puro, por lo que la iniciativa se consideraba viable.
En un segundo momento se abordó la propuesta para hacer ajustes a la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato, con el objeto de garantizar transparencia y eficacia en el otorgamiento de concesiones para el diseño, construcción, conservación, operación, uso, explotación, mantenimiento o aprovechamiento de la infraestructura pública tanto municipal como estatal que excedan de una administración a otra,
Los participantes señalaron que, si bien coinciden con la loable tarea legislativa de seguir impulsando acciones administrativas encaminadas a la ejecución del recurso con transparencia, por la rendición de cuentas en los tres ámbitos de gobierno, era necesario hacer precisiones a fin de no vulnerar la división de poderes y competencias estatales.
Asimismo, se dijo que se podrían abrir espacios a discrecionalidad y conflictos interpretativos, así como el desincentivo a la inversión y competencia; reducir el atractivo de esquemas concesionales, afectando la eficiencia económica y la participación de especialistas en sectores como infraestructura, comunicaciones o servicios básicos.
También argumentaron que generarían efectos adversos en la operación y planeación de proyectos estratégicos, al reducir la autonomía técnica y administrativa del Poder Ejecutivo y comprometer la planeación multianual de la infraestructura pública, particularmente en aquellos casos que involucren esquemas de financiamiento de largo plazo, entre otros aspectos.
Finalmente, se subrayó que se debe ponderar que el otorgamiento de concesiones corresponde al Ejecutivo y si excede el periodo gubernamental, podría generar impactos por la incertidumbre jurídica.
Transparencia en recursos destinados a comunicación social y publicidad
La tercera en analizarse fue la iniciativa de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, con el objeto reducir los márgenes de discrecionalidad por el ejecutivo en el uso del presupuesto público, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad de los recursos, así como la regulación y claridad de las contrataciones relativas a los servicios adquiridos por comunicación y publicidad, promoviendo un estado más equitativo y justo.
Los asistentes señalaron que no era viable la propuesta en atención a vicios de constitucionalidad a partir de los precedentes por los cuales se declaró la inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social; que la propuesta instaura un control ex ante que desplaza al Legislativo hacia la ejecución del gasto; desnaturaliza la arquitectura al convertir un límite cuantitativo general en un régimen de autorización política previa que rompe la división funcional del gasto; carece de diagnóstico empírico y elimina una excepción operativa de la Ley de Contrataciones Públicas indispensable para garantizar oportunidad, eficacia y continuidad informativa, configurando un diseño normativo desproporcionado que vulnera legalidad, división de poderes, proporcionalidad y continuidad institucional.
De igual manera, genera restricciones operativas que afectan directamente la provisión oportuna de bienes y servicios públicos, al exigir autorización legislativa previa para ampliaciones de gasto en comunicación social, lo que ralentizaría la capacidad de respuesta institucional.
Municipios basen gasto en seguridad en diagnósticos técnicos
Finalmente, se dialogó sobre la propuesta de reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos del Estado y los Municipios de Guanajuato para que la programación del gasto municipal en seguridad se base en un diagnóstico técnico integrado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de cada municipio.
Al respecto, se manifestó que la naturaleza de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios es regular en lo medular la programación del gasto público, presupuestación, ejercicio y control del gasto, contabilidad gubernamental, seguimiento y evaluación del gasto público.
Se subrayó que el objeto es ordenar el ciclo presupuestario y establecer reglas de administración financiera pública, no así determinar prioridades materiales entre sectores del gasto municipal.
En ese sentido, se indicó que la introducción de una regla que blinde de manera absoluta el gasto en un sector específico puede afectar el equilibrio presupuestario necesario para atender otras funciones municipales igualmente obligatorias.
Finalmente, se remarcó que la iniciativa plantea una intervención legislativa cuya necesidad, idoneidad y proporcionalidad no se encuentran plenamente demostradas, lo que permite advertir una presunción razonable de no viabilidad constitucional y técnica de la propuesta normativa.
En la reunión participaron las personas diputadas Víctor Manuel Zanella Huerta, Angélica Casillas Martínez y María del Pilar Gómez Enríquez, así como representantes de la Secretaría de Economía, de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Obra Pública, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y personas asesoras parlamentarias.
