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Unidad y Defensa de la Soberanía

Doctor Alfredo Sainez, columnista en Platino News.

Dien los políticos de viejo cuño, “todos ven lo que parece ser, más pocos saben lo que es”; así lo confirma, la embestida que ha emprendido el presidente Donald Trump contra el gobierno mexicano en materia de seguridad nacional y seguridad pública, la cual tenderá a incrementarse en los próximos cinco meses rumbo a las elecciones de noviembre en Estados Unidos debido a que continúa perdiendo popularidad con los electores estadounidenses y, consecuentemente, perder la mayoría en las cámaras del Congreso. Circunstancia de tiempo que debe llamar la atención a “propios y extraños” sobre el accionar de Trump e injerencia abierta que puede desplegar con operativos de agentes extranjeros en el territorio de nuestro país. Por este motivo, resulta oportuno el llamado que hizo ayer la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum a la unidad y defensa de la soberanía.

Basta recordar, que el proceso de la Independencia en México duro poco más de once años (1810-1821). Una vez consumada la independencia de la Nueva España en 1821, se inició la construcción del Estado mexicano; el Soberano Congreso Constituyente –instalado el 7 de noviembre de 1823, expidió dos decretos que generaron la transición de las provincias a estados como parte de la federación, la división tripartita del poder público y la composición de las legislaturas estatales.

El primer decreto, emitido el 8 de enero de 1824, dictó la Ley para establecer las legislaturas constituyentes particulares en las Provincias que habían sido declaradas Estados de la Federación Mexicana. En este tenor, el Acta Constitutiva de la Federación, del 31 de enero de 1824, reconocía en su artículo 7, a los siguientes estados: el de Guanajuato; el interno de Occidente, compuesto de las provincias Sonora y Sinaloa; el interno de Oriente, compuesto de las provincias Coahuila, Nuevo-León y los Tejas; el interno del Norte, compuesto de las provincias Chihuahua, Durango, y Nuevo México; el de México; el de Michoacán; el de Oajaca; el de Puebla de los Ángeles (el de Tlaxcala); el de Querétaro; el de San Luis Potosí; el Nuevo Santander que se llamará de las Tamaulipas; el de Tabasco; el de Veracruz; el de Xalisco; el de Yucatán; el de los Zacatecas. Las Californias y el partido de Colima (sin el pueblo de Tonila, que seguirá unido a Xalisco) serán por ahora territorios de la federación, sujetos inmediatamente a los supremos poderes de ella. Los partidos y pueblos que componían la provincia del istmo de Huazacoalco, volverán a las que antes han pertenecido. La Laguna de Términos corresponderá al Estado de Yucatán.  El segundo decreto, emitido el 4 de octubre de 1824, estableció el gobierno particular de los Estados, dividiendo su ejercicio en tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), dejando la composición de cada legislatura estatal de conformidad con sus constituciones.

A partir de la instauración del federalismo, el Estado mexicano ha tenido múltiples transformaciones y mudanzas revolucionarias que van desde las Leyes de Reforma y Revolución Mexicana hasta nuestros días, en donde se vislumbra un escenario complejo en la relación bilateral de México con los Estados Unidos, particularmente, con el estilo personal de gobernar del presidente Trump, que devela un carácter de “incontinencia” −por decir lo menos−, que sorpresivo y peligroso en la toma de decisiones.  Ante este talante de “bandazos” del presidente Trump, en alguien debe caber la prudencia.

Hay que aprender de las lecciones de la historia, las divisiones internas siempre han favorecido al enemigo exterior. Por ello, indistintamente de las posiciones ideológicas y partidarias que se puedan tener entre las distintas fuerzas políticas, el llamado a la unidad y defensa de la soberanía e independencia de México que hizo la presidenta Sheinbaum, no solo es oportuno, sino necesario antes de que “el destino nos alcance”.

Hacemos votos porque así sea.

Dr. Alfredo Sainez
Doctorado en Pedagogía por el Colegio de Estudios de Postgrado del Bajío (CEPOB); Maestría en Innovación y Gestión Pedagógica por el CEPOB; Maestría en Administración Pública por el INAP-México; Maestría en Derecho Parlamentario por la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO); Especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la BUO; Máster en Los Retos del Constitucionalismo en el Siglo XXI en la Universidad de Barcelona; Asesor Experto en Conocimiento, Ciencia y Ciudadanía en la Sociedad de la Información por el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona; Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Catedrático de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato.