Guanajuato, Gto., 19 de mayo de 2026.- Convocada por la Comisión de Asuntos Electorales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar siete iniciativas de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.
Al iniciar los trabajos, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, presidente de esta instancia legislativa, apuntó que las propuestas que se revisarán abordan temas relevantes para la vida democrática de Guanajuato, como un nuevo modelo de elección de personas magistradas o juezas integrantes de este Poder Judicial estatal; la digitalización y modernización de procedimientos; reglas de representación política; mecanismos de registro de candidaturas; acciones vinculadas con violencia política y ajustes al sistema electoral local derivados de nuevas necesidades institucionales.
Afirmó que el compromiso como Comisión es construir un análisis serio, abierto y responsable, privilegiando siempre los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad e independencia que rigen la función electoral.
Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de impartición de justicia
En primera instancia se abordó la propuesta formulada por las personas diputadas integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en materia del Poder Judicial.
De manera general, se comentó que era viable y se dijo que se anunció, por parte de la presidenta de México, un cambio de fecha para el 2028, el examen de oposición, la insaculación, una capacitación permanente y la conformación de un órgano, que es un paso significativo en un modelo que busca implementar la participación ciudadana, pero reconociendo el mérito profesional.
En lo particular se abordaron aspectos como el precisar la integración del Consejo, se debe incluir la infracción relativa a la violencia política por razón de género, establecer un catálogo de medidas cautelares para evitar otros actos mediante el procedimiento, establecer una limitante al proceso especial sustanciador, la creación del régimen específico para el proceso judicial, la regulación especial de campañas, el establecimiento del Comité de Evaluación, que no es viable cambiarle la denominación al órgano garante de control, no resulta del todo conveniente la incorporación de violencia política porque desdibujaría el relativo a la violencia política por razón de género, por lo que se debe mantener éste último.
La diputada Susana Bermúdez Cano consideró que es una iniciativa que resulta convencionalmente compatible, es armónica con el sistema nacional electoral, técnicamente viable y fortalece la tutela de los derechos políticos electorales. Asimismo, dijo robuste el mecanismo de control jurisdiccional, incrementa la certeza y seguridad jurídica, por lo que existen elementos jurídicos suficientes para su sostenibilidad.
Añadió que, si bien existen retos como el periodo en el proceso especial sustanciador y el concepto de violencia política de género, lo que se vea a nivel nacional con la reforma anunciada dará pauta para otros ajustes.
Por su parte, la congresista María Eugenia García Oliveros insistió en aspectos relativos a las infracciones de personas servidoras públicas, con el objeto de garantizar elecciones más equitativas en la entidad; incluir la participación ciudadana en el procedimiento de selección que realice cada Comité; e incluir que en las constancias que se emitan a las personas magistradas del Tribunal de Disciplina se incluya que son quienes obtuvieron el mayor número de votos.
En su oportunidad, el legislador David Martínez Mendizábal centró su intervención en lo correspondiente a la violencia política de género y se sumó a las consideraciones de los presentes, al señalar que no debe ser eliminado; que la visión debe ser interdisciplinaria, que no pasa nada por que se legisle; que si se legisla así la violencia política de género pasará a ser una nota al pie de página de algo que es sustantivo; y no contar con ello violenta los derechos de las mujeres.
La diputada María del Pilar Gómez Enríquez refirió que la propuesta representa un esfuerzo de armonización legislativa frente al nuevo modelo constitucional; que se busca brindar certeza, operatividad y reglas claras a las instituciones; se integran procesos claros para la integración de candidaturas judiciales; que la mesa enriquece el análisis y permite construir consensos; y pidió respaldar la iniciativa porque se estará privilegiando la certeza jurídica, el fortalecimiento institucional y la responsabilidad con Guanajuato como personas legisladoras.
Listas de representación proporcional
Posteriormente, se analizó la iniciativa en materia de listas de representación proporcional para diputaciones locales sean encabezadas por mujeres. De manera general se habló de que de aprobarse la iniciativa y conforme al mecanismo legalmente establecido para llevar a cabo el ajuste paritario, es posible que éste no pueda realizarse al partido político que haya obtenido la menor votación, debido a que, por regla general, la primera adjudicación de diputaciones por el principio de representación proporcional correspondería a una fórmula integrada por mujeres.
Asimismo, se precisó que la propuesta puede afectar la paridad de género y las acciones afirmativas, así como los derechos de los partidos políticos.
La diputada Susana Bermúdez Cano comentó que se plantean diversas preocupaciones de técnica legislativa, incide en la facultad institucional de los partidos políticos, que se corre el riesgo de desnaturalizar el principio de representación proporcional, que la reforma no atiende de fondo la igualdad sustantiva, por lo que, entre otras cosas, la consideró inviable.
Eliminar que personas candidatas a las presidencias municipales integren lista a regidurías
En un tercer momento se abordó la propuesta en materia de eliminar que un candidato a presidencia municipal pueda integrar lista a regiduría. Al respecto se dijo por un lado que no vulnera el principio de igualdad, que la derogación propuesta podría traducirse en una modificación regresiva, mientras que también se indicó que si se aprueba se eliminaría al antinomia que refiere que ninguna persona puede registrarse por dos cargos de elección popular.
Además, se apuntó que ya es un derecho adquirido, que si se pretende derogarlo tiene que estar atento al principio de progresividad, que la figura prevista no constituye un privilegio indebido ni una ventaja injustificada, y que atenta contra el principio de no regresión.
En su oportunidad, la congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que la eliminación implicaría una restricción injustificada al acceso a cargos políticos y una modalidad legítima reconocida en el sistema mexicano, que no genera inequidad material, que la propuesta resulta deficiente desde la técnica normativa, que debilita el principio de representación proporcional, entre otros aspectos.
