Guanajuato, Gto., 14 de mayo de 2026.- Para proteger los derechos laborales de miles de personas que dedicaron su vida al servicio público, el GPPAN y la RPPRD presentaron una iniciativa y una propuesta de punto de acuerdo.
Las propuestas también fueron firmadas por diputadas y diputados de diferentes fuerzas políticas y buscan corregir las fallas contenidas en la reciente reforma constitucional en materia de pensiones.
La iniciativa de reforma constitucional propone incorporar el concepto de Remuneración Anual de Referencia, con el objetivo de que el sueldo de la persona titular del Ejecutivo deje de ser el límite para las percepciones de las personas servidoras públicas. Con ello, se busca brindar mayor certeza jurídica y establecer criterios claros y objetivos para la determinación de salarios.
Al respecto, el diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que, si bien todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de eliminar privilegios y garantizar el uso responsable de los recursos públicos, la reciente reforma constitucional generó afectaciones a personas pensionadas y jubiladas al permitir interpretaciones incorrectas sobre el cálculo de las percepciones máximas.
“En este caso, faltó debate. ¿Era necesario? Pues no ¿Hubieran bastado una serie de reformas de otra naturaleza? De hecho, ya en este momento, tanto Movimiento Ciudadano como el PRI y como Acción Nacional, ha introducido sugerencias parecidas a las que nosotros estamos promoviendo en este momento. En suma, el salario anual al máximo. Segundo, la no retroactividad, cosas elementales sencillas bajo las cuales crecimos y estudiamos cuando conocimos el campo del derecho”, dijo.
Asimismo, plantea evitar que la reforma afecte las pensiones otorgadas antes de su entrada en vigor, al considerar que la norma no puede utilizarse como un instrumento para anular arbitrariamente derechos previamente protegidos.
En ese mismo sentido, la propuesta de punto de acuerdo exhorta a la presidenta de la República a corregir las disposiciones retroactivas que vulneran el principio de seguridad jurídica de las y los jubilados.
El diputado Jorge Espadas Galván enfatizó en que la reforma generó un trato desigual entre las y los mexicanos al limitar pensiones únicamente para determinados sectores, afectando a personas que dedicaron décadas de trabajo al servicio público y que construyeron sus derechos laborales conforme a la ley vigente en ese momento. Advirtió que no se puede modificar retroactivamente la norma para reducir ingresos ya adquiridos, pues ello representa una injusticia para miles de familias que dependen de esas pensiones.
“Lo que estamos pidiendo es justicia para las familias de quienes dedicaron 20, 30 o hasta 40 años de servicio al país; no podemos cambiarles las reglas después de haber cumplido con todo lo que la ley les exigió”, afirmó.
En materia pensionaria, el respeto a la seguridad jurídica debe ser aún mayor, pues las pensiones son derechos adquiridos a partir de años de servicio, aportaciones y el cumplimiento de requisitos legales establecidos en las normas vigentes al momento en que se obtuvo ese derecho.
