Guanajuato, Gto., 13 de mayo de 2026.- Esta tarde, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura dio cuenta con la propuesta de punto de acuerdo que busca exhortar a la Secretaría de Educación Pública, para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, ambas del Gobierno Federal, fortalezcan y amplíen la estrategia nacional de atención a la salud mental en el entorno educativo recientemente anunciada, a efecto de consolidarla como un Programa Nacional de Salud Mental en Educación Básica y Media Superior, con enfoque integral y cobertura en las treinta y dos entidades federativas.
Dicho programa deberá articular el enfoque socioemocional del modelo educativo nacional, contemplar la incorporación progresiva de personal especializado en los planteles escolares y promover la participación de quienes ejerzan la patria potestad de los educandos en las estrategias de prevención y acompañamiento; así como garantizar la previsión de los recursos humanos, técnicos y presupuestales necesarios dentro de los instrumentos de planeación y financiamiento del Sistema Educativo Nacional, a fin de asegurar su implementación efectiva y homogénea en el país.
Al respecto se acordó remitirlo al secretario de Educación Pública, al titular de la oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública del Estado, al secretario de Educación estatal y a los secretarios de salud federal y del estado, a fin de que informen sobre las acciones que en su caso hayan realizado en la materia con plazo al 10 de junio.
Además, se aprobó la prórroga de 60 días del plazo para dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley de Educación para el Estado, a efecto de mejorar el proceso educativo en el salón de clases mediante la optimización del número de alumnos y alumnas por grupo en educación básica.
También se dio seguimiento a dos iniciativas de reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato que buscan mejorar la calidad de la educación que recibirán los alumnos, persiguiendo la excelencia en la misma y que el número máximo de educandos por grupo no exceda de veinticinco.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks refirió que se diera evidencia científica sobre la propuesta, que no consideraba que fuera un tema de ley sino de realidades diferentes, por lo que no era indispensable que estuviera en la norma y finalmente, era necesario ver el impacto de la viabilidad en todo el sector. Señaló que, en su propia experiencia, no encuentra ninguna correlación directa, a menos que haya una situación de indisciplina o particular, por lo que es necesario tener evidencia.
Coincidió con su antecesor la congresista María Isabel Ortiz Mantilla, al mencionar que no se debe tomar una decisión así a la ligera, que está en juego mucho, como si hay infraestructura, si se cuenta con los mejores elementos para dar la atención y todo lo que se requiere para modificar y atender una propuesta así, por lo que pidió que se reflexionara al respecto y se tuviera una mesa técnica con asesores.
Al respecto, la presidenta de la instancia legislativa Martha Edith Moreno Valencia señaló que no había inconveniente en no instruir la elaboración del dictamen y esperar a llevar a cabo la mesa solicitada.
Finalmente, se aprobó el dictamen mediante el cual se ordenó el archivo definitivo de dos propuestas de punto de acuerdo; la primera pretendía exhortar a las personas titulares de la Subsecretaría de Educación Superior y de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan de manera inmediata para esclarecer los hechos que han originado la situación actual en el Instituto Tecnológico de León y establecer una mesa de diálogo abierto, respetuoso y constructivo con la comunidad estudiantil, con el objetivo de realizar un acuerdo justo y equitativo que permita la reanudación de las actividades académicas, garantizando plenamente el derecho de las y los estudiantes a recibir una educación digna, de calidad y en condiciones adecuadas.
