Guanajuato, Gto., 29 de abril de 2026.- Esta tarde, sesionó la Comisión de Desarrollo Económico y Social donde se dio cuenta con diversas propuestas legales y se aprobó la metodología de análisis.
Se trata de seis iniciativas; tres de ellas plantean reforma a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Guanajuato y a la Ley de Hospedaje a través de Plataformas Digitales del Estado, todas en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva, y lenguaje incluyente.
La cuarta, una propuesta para modificar la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en materia de apoyo, capacitación y dignificación a las mujeres rurales; la quinta y la sexta plantean ajustes a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato con el objeto de garantizar en la ley condiciones para la pensión a personas con discapacidad permanente y fortalecer la autonomía de pueblos indígenas con presupuesto directo.
Todas se remitirán a la Consejería Jurídica, a los 46 ayuntamientos y a las personas presidentas de las sedes del Consejo Coordinador Empresarial en los municipios de León, Guanajuato, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Miguel de Allende, quienes contarán con 20 días hábiles para remitir sus comentarios, mismo periodo por el cual se difundirá en la página web del Congreso del Estado, para consulta y participación ciudadana; y se llevará a cabo mesas de trabajo. Mientras que para la sexta se incorporó a la Secretaría de los Derechos Humanos.
Mismo trámite tuvieron tres puntos de acuerdo que buscan exhortar a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, así como a la Agencia Nacional de Aduanas de México, para que fortalezcan los instrumentos de defensa comercial y los mecanismos de monitoreo, verificación y vigilancia aduanera aplicables a las importaciones de vajillas y piezas sueltas de cerámica, incluidas las de porcelana, particularmente aquellas originarias de la República Popular China, o que ingresen al territorio nacional a través de triangulación comercial. Asimismo, se solicita la implementación y fortalecimiento de instrumentos de defensa comercial y de vigilancia de mercado, a fin de evitar distorsiones que puedan afectar la viabilidad productiva de este sector estratégico.
Solicitar a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y a la Agencia Nacional de Aduanas de México para que evalúen la política arancelaria aplicable al sector textil mediante estudios técnicos que permitan analizar sus efectos a lo largo de la cadena productiva —desde la producción de fibras, hilatura y tejido, hasta los procesos de acabado, confección y comercialización—, con el fin de evitar impactos adversos en el costo y la disponibilidad de insumos estratégicos para la industria nacional.
Asimismo, se exhorta a fortalecer las acciones de política pública orientadas a la articulación de la cadena productiva y al fortalecimiento de la proveeduría nacional, a fin de garantizar condiciones de competencia equitativa, prevenir prácticas de comercio ilegal o desleal y preservar la competitividad y el empleo en esta industria estratégica, particularmente en regiones con alta especialización productiva como los municipios de Uriangato y Moroleón, en el estado de Guanajuato, donde el sector textil constituye un pilar fundamental de la actividad económica regional.
La otra, pretende pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a Procuraduría Federal del Consumidor, para que fortalezcan los mecanismos de vigilancia, supervisión y concertación con los sectores productivos, a fin de asegurar el cumplimiento del compromiso de mantener el precio de la canasta básica y buscar reducciones estratégicas en alimentos perecederos, mediante la optimización de las cadenas de suministro y el combate a la especulación comercial, a fin de mitigar el impacto del alza en el precio final al consumidor, fortaleciendo así la economía de las familias y garantizando un acceso equitativo a los bienes indispensables para una vida digna.
También para que, en coordinación con los sectores productivos y comerciales, promuevan la ampliación del número de bienes incluidos en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, a fin de incorporar un mayor conjunto de insumos esenciales para la vida cotidiana; lo anterior, con el propósito de fortalecer la protección de la economía familiar, mitigar las presiones inflacionarias en el gasto de los hogares y garantizar un acceso más amplio, equitativo y suficiente a bienes indispensables.
Al respecto se acordó solicitar información a las autoridades que se pretende exhortar respecto a los puntos abordados con un término de 20 días hábiles para hacer llegar la información.
Finalmente, se aprobó la prórroga para la dictaminación de la propuesta de punto de acuerdo que busca exhortar a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, para que instruya una revisión exhaustiva y establezca cambios en las reglas de operación de los programas sociales federales, con el objetivo de prevenir y erradicar actos de corrupción en su diseño, operación y ejecución.
De igual manera, para que se implementen mecanismos eficaces de control y seguimiento que permitan evitar las distorsiones, irregularidades y la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos destinados a dichos programas, garantizando que cada peso sea aplicado con transparencia, legalidad y en beneficio exclusivo de las personas que verdaderamente lo requieren.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Ana María Esquivel Arrona (presidenta), Maribel Aguilar González y Carolina León Medina, así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta y Sergio Alejandro Contreras Guerrero.
