Guanajuato, Gto., 29 de abril de 2026.- Esta mañana, en sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se dio cuenta con la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Guanajuato que tiene como objetivo garantizar la asignación directa de recursos públicos a estos pueblos y comunidades.
Para su estudio se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal y se realizará una consulta de la iniciativa a pueblos y comunidades indígenas.
Además, se enviará a la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al Consejo Estatal Indígena del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Consejería Jurídica con plazo al 29 de mayo, mismo periodo por el cual se habilitará una liga en el portal del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana.
Como parte del orden del día, se aprobó el dictamen mediante el cual se ordenó el archivo definitivo de la iniciativa de reforma a la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios que buscaba normar una política de inclusión laboral para personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias al servicio público del estado.
Además, respecto al punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Bienestar para que desarrolle, coordine e implemente políticas públicas específicas que reconozcan, visibilicen y atiendan las necesidades de las personas con discapacidades ocultas, así como para que establezca protocolos de atención que contemplen ajustes razonables, campañas de sensibilización y mecanismos de detección y eliminación de barreras, asegurando un trato digno e inclusivo que fomente su plena participación en la sociedad.
El diputado Jesús Hernández Hernández comentó que se solicitó información detallada con el fin de contar con un panorama integral de atención de personas con discapacidad. Destacó que en la información recibida se precisó que se brinda atención a través de pensión a personas con discapacidad, que no excluye a quienes presentan capacidades invisibles u ocultas.
Resaltó que los esfuerzos institucionales son loables, pero faltaba mucho por hacer, que el punto nace de la empatía y la lucha activa de quienes viven con una discapacidad, de quienes enfrentan la incomprensión de una sociedad que exige ver para creer. Agregó que hay personas que requieren un apoyo específico para lo que no es evidente, por lo que consideró que se deben realizar acciones transversales y pasar de la asistencia económica a una verdadera empatía estructural.
Finalmente, enfatizó que urgen políticas públicas específicas para que se reconozca que lo que no se ve también enfrenta barreras. En ese sentido propuso que se llevara a cabo una mesa de trabajo de asesores.
Por su parte, el congresista David Martínez Mendizábal comentó que ya se recibió la información y cuestionó el porqué de la mesa de trabajo e indicó que la propuesta inicial fue respondida, que la política pública no es atendida por la delegación, por lo que no se justifica la mesa y se tendría que hacer otra propuesta.
En su oportunidad, la diputada Ana María Esquivel Arrona refirió que compartía la propuesta de su homólogo de realizar una mesa porque la respuesta se ciñe al apoyo económico y a través del exhorto se puede ampliar a otro tipo de acciones de política pública.
La mesa de trabajo se aprobó por mayoría de votos.
En cuanto a la propuesta para solicitar a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado para que inicie una investigación amplia e imparcial con enfoque de género e interseccional, respecto de los presuntos actos de discriminación cometidos en agravio de las personas comerciantes del grupo denominado La Josefa, derivados del operativo de desalojo del 14 de abril de 2025 y de la negativa sostenida del Gobierno Municipal de León para otorgarles espacios de venta en la temporada decembrina, considerando de manera integral las circunstancias particulares de las personas afectadas, incluidas sus condiciones económicas, sociales y laborales, así como los posibles impactos diferenciados que las decisiones de la autoridad municipal hayan generado en sus medios de vida, su acceso a oportunidades productivas y su trato frente a otros grupos de comerciantes que han sido permitidos en la misma zona, se acordó la elaboración del dictamen en sentido negativo, a haber quedado atendido el tema.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta) y Ana María Esquivel Arrona, así como los diputados Jesús Hernández Hernández, Oscar Enrique González Espinosa y David Martínez Mendizábal.
