La salud es un derecho de partida doble, social y humano, que tenemos todas las personas en el territorio nacional establecido tanto en la Constitución federal como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte y constituye una materia concurrente que corresponde atender tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales y municipales. Pero ¿Cómo garantizar ese derecho que caracteriza a nuestro constitucionalismo social desde 1917, e internacionaliza con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos y, fundamentalmente, la demanda de acceso a servicios públicos de salud? En este tenor, cabe reflexionar: ¿Hasta qué punto el Servicio Universal de Salud a través de un decreto, anunciado ayer, por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, va a subsanar esa demanda y garantizar el acceso a la salud? ¿Cuántas y cuáles leyes secundarias y reglamentarias deben armonizarse con la Constitución federal para garantizar la implementación de los imperativos legales, racionales burocráticos y consensuales? ¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos estatales y municipales ante esta materia concurrente? Sin duda, hay más preguntas que respuestas.
El texto vigente del artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución federal reconoce la protección de la salud como un derecho que tiene toda persona, remite a las leyes para que definan las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establezcan la concurrencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, de acuerdo con lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 constitucional, y definan un sistema de salud para el bienestar con el propósito de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
Ante este marco constitucional que denota lo prescriptivo del “deber ser” esta una realidad descriptiva que devela el “ser”, 44.5 millones de personas (34.2 % de la población) carecían de acceso a servicios médicos en 2024, según datos del INEGI publicados en agosto de 2025.
En este contexto, resulta sensible y loable el anuncio que hizo ayer en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum, de publicar en los próximos días un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para crear el servicio universal de salud con los propósitos de mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de salud, con el fin de que cualquier ciudadano −e incluso que no cuente con un empleo formal−, sin barreras administrativas y distinción pueda recibir atención médica en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS Bienestar, sin importar si cotiza en dichas instituciones. Esta unificación de servicios −sin alterar los servicios actuales− pretende maximizar la capacidad hospitalaria en nuestro país y, consecuentemente, surtir efectos inmediatos en la administración pública federal para garantizar el acceso a la salud.
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