” La dificultad no está en las ideas nuevas, sino en salir de las viejas” John Maynard Keynes
En el marco de la persistente crisis de abasto de medicamentos en México, el análisis recién publicado por el Instituto Farmacéutico (INEFAM) -que dirigen José Carlos Ferreyra y Enrique Martínez Moreno– sobre las prebases de la Compra Consolidada 2027-2028, disponible en la plataforma oficial discusion.salud.gob.mx, plantea un escenario alarmante.
Como diputado y salubrista, con base en documentos oficiales como los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y datos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), considero imperativo visibilizar cómo este “nuevo modelo” podría repetir los desatinos de los últimos seis años, vulnerando una vez más el derecho a la salud consagrado en el artículo 4° constitucional.
La Compra Consolidada 2027-2028 se perfila como la más ambiciosa en la historia del sector salud mexicano. Según las proyecciones de INEFAM, basadas en datos oficiales de la Secretaría de Salud, involucra 3,831 claves de insumos, 5,964 millones de piezas y un importe estimado de 485,695 millones de pesos.
Desagregado, los medicamentos representan 1,457 claves (38% del total), pero concentran 3,737.7 millones de piezas (63%) y 411,413 millones de pesos (85% del presupuesto). Los dispositivos médicos, con 2,374 claves (62%), suman 2,226.6 millones de piezas (37%) y 74,283 millones de pesos (15%). Esta concentración presupuestal en fármacos de alto valor unitario, como biotecnológicos y de patente, evidencia la vulnerabilidad del sistema: cualquier falla logística impacta desproporcionadamente en tratamientos para enfermedades crónicas como cáncer, VIH, hipertensión y diabetes.
El nuevo marco jurídico, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su reglamento de 2025, impulsados por la administración de Claudia Sheinbaum, promete mayor competencia mediante subastas inversas, catálogos electrónicos y la Tienda Digital. Además, el Decreto de Inversión 2025 prioriza a la industria nacional con plantas productivas en México. Sin embargo, las prebases, publicadas en discusion.salud.gob.mx, mantienen elementos problemáticos del pasado.
Los contratos bienales exigen entregas escalonadas bajo el esquema DDP (Delivered Duty Paid) en cerca de 350 puntos en las 32 entidades federativas, con una primera entrega máxima del 5% anual antes del 31 de enero. Esto replica el modelo de la consolidada 2025-2026, que, según INEFAM, ha sufrido empalmes contractuales y ejecución deficiente.
Históricamente, desde 2019 con la autodenominada “cuarta transformación”, hemos presenciado seis modelos de compra en un sexenio, lo que ha desmantelado un sistema que hasta 2018, liderado por el IMSS, lograba abastos del 90% en instituciones como IMSS e ISSSTE, con más del 70% de piezas vía consolidada.
Datos del Mapa del Desabasto de INEFAM muestran una reducción del 30% en volumen de piezas entre 2019-2023, mientras los importes subieron más del 20%, es decir, se compra menos pero se paga más. La ASF documenta que en 2021, bajo UNOPS e INSABI, el 50% de claves quedaron desiertas y solo se entregó un tercio de lo contratado. Colectivos como Cero Desabasto reportan 82 millones de recetas no surtidas en ese periodo. En 2025, al cierre de octubre, se registra una caída del 16.2% en piezas y 10.8% en valor versus 2024.
El rol ampliado de BIRMEX como integrador logístico, operador y posible pagador único genera incertidumbre. La ASF revela que su capacidad de distribución se redujo a la mitad: las instituciones requieren 150 millones de piezas mensuales óptimas, pero BIRMEX promedia 80 millones, con mínimos de 50 millones, agravado por la integración del OPD IMSS-Bienestar. En su primera consolidada (2024), falló en suministrar esenciales para cáncer y VIH, según reportes periodísticos basados en datos oficiales. Además, morosidades de 8-12 meses desde 2020, vinculadas a INSABI, IMSS-Bienestar y BIRMEX, erosionan la confianza de proveedores. Las prebases no detallan garantías de pago ni sanciones al Estado por incumplimientos, enfocándose solo en penalizaciones a proveedores.
Esta concentración en la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud como “cerebro” y BIRMEX como “brazo” ignora lecciones de opacidad: en 2022, según el IMCO, solo el 10% del monto se licitó públicamente, prevaleciendo adjudicaciones directas. El énfasis en producción nacional, aunque laudable, podría crear cuellos de botella en terapias donde la capacidad local es limitada, agravando desabastos en biotecnológicos.
A la luz de estos pronósticos, el derecho a la salud está en riesgo. La Constitución obliga al Estado a garantizar acceso oportuno a insumos, pero repetidos cambios institucionales y fallas logísticas han incrementado el gasto por paciente en crónicos, forzando a familias a endeudarse. Sin planeación anticipada real, capacidad técnica reforzada y rendición de cuentas ex post (comparando adjudicado vs. entregado), la consolidada 2027-2028 podría repetir el laberinto citado por Enrique Martínez: desabasto persistente, mayor opacidad y vulneración de derechos.
Es urgente una evaluación independiente y periódica, incorporando voces de industria, logística y pacientes en la discusión de prebases. Como legislador, insto a reformas que incluyan mecanismos de corresponsabilidad: sanciones al Estado por pagos tardíos y cambios unilaterales. Solo así transformaremos promesas en abasto efectivo. De lo contrario, en 2027-2028, millones de mexicanos podrían enfrentar, otra vez, la incertidumbre de no recibir sus medicamentos a tiempo.
