Toda gesta revolucionaria deja huella e influye en el carácter de los pueblos y personas; la Revolución Mexicana, que mañana conmemoramos en su 115 aniversario, así lo confirma con el proceso de transformación social, política, económica y cultural que hemos tenido durante este tiempo, cuyos ideales de “Sufragio efectivo, no reelección”, la reivindicación de los derechos laborales y reparto agrario la caracterizan.
Fundamentalmente, su legado se manifiesta con el reconocimiento de los derechos sociales plasmados en la Constitución queretana de 1917, primera en su género y en el mundo, que alude no solo a los derechos civiles y políticos, sino a los derechos sociales que se plasman como garantías individuales a la educación, propiedad y trabajo.
La transición de garantías individuales a derechos humanos como consecuencia de la reforma constitucional federal del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, conlleva un nuevo paradigma que pone de relieve el derecho a la educación, propiedad y trabajo, no solo como derechos sociales sino como derechos fundamentales tutelados y establecidos en un catálogo más amplio, tanto en la Constitución federal como en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano.
Con el devenir del tiempo, los derechos de segunda generación se han ampliado. Para muestra basta un botón: derecho a la salud, trabajo, salario justo, seguridad social, educación gratuita, asociación sindical, derechos sindicales, derecho de huelga, descanso, cultura, ampliación del sufragio en la representación política, derecho a una vida digna (acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud), a cuidados especiales para la maternidad e infancia y continúa la lista… Sin embargo, a pesar de estos avances, aún hay retos y asignaturas pendientes.
El problema no radica en que los derechos sociales −hoy derechos humanos−, estén a rango constitucional, el fondo del asunto es: ¿cómo logramos garantizarlos?
A 115 años de esta mudanza revolucionaria, la cuestión no es la viabilidad jurídica de los derechos sociales, sino de viabilidad pragmática económica para garantizarlos.
Más aún, ¿cuántos y cuáles de esos derechos son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones? ¿Qué son y para qué sirven las instituciones? ¿Qué conmemoramos?
Ustedes tienen la palabra.
